Las polémicas que han sacudido el Congreso durante la legislatura que está terminando ahora continúan en la Diputación Permanente del Congreso. Ahora, la vía utilizada por el Gobierno para aprobar las medidas sociales que no ha podido - o no ha querido - sacar en los últimos nueve meses, los sucesivos reales decretos-ley (RDL) aprobados por los últimos Consejos de Ministros, incluido el que permite la ampliación del permiso de paternidad, quedan pendientes de los informes de los letrados de la Cámara Baja.
Así será después de que Partido Popular y Ciudadanos hayan hecho una reclamación según la cual no se podría modificar el contenido de una ley orgánica a través de un decreto ley y menos aún cuando las Cámaras están disueltas y en su lugar funciona la Diputación Permanente.
Esta reclamación se fundamenta en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 que indica que hay aspectos de una ley orgánica que no se pueden modificar con el decretos-ley. Sin embargo, no se concretan qué puntos.
El recurso no sirve
Todo quedará en manos de los letrados, puesto que en caso de que se produjera un recurso ante el propio Constitucional (algo que ya ha anunciado que hará el PP ) la resolución que pudiera decidir llegaría demasiado tarde, dado que el trámite dura de media unos tres años y el decreto-Ley está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
"Lo que ha ocurrido esta mañana en la Mesa es muy grave. El PP y Ciudadanos están llevando la utilización sectaria y fraudulenta de la Mesa del Congreso, de la Mesa de la Diputación Permanente, hasta el límite del delito de prevaricación", ha protestado Rafael Simancas, diputado socialista.
Plazos
Por otro lado, hay otro aspecto que pone en peligro los decretazos del Gobierno: el informe de los letrados confirma que los RDL podrán ser modificados en la Diputación Permanente como proyectos de ley, eso sí, a través de un proceso exprés para enmiendas de ocho días. Tras él tendrán que pasar por el mismo trámite en la Permanente del Senado y volver al Congreso.
Es decir, que los RDL del Gobierno estarán abiertos a modificaciones si así lo decide la mesa del pleno, así como sometidos a nuevos plazos y potenciales retrasos que podrían impedir su tramitación. Sin embargo, fuentes socialistas aseguran que no se teme este escenario. "Si hay un mayoría en el pleno de la permanente para aprobar el RDL, no habrá problema" y recuerdan que, abriendo estas puertas, lo único que intentan Partido Popular y Ciudadanos es "retrasar todo lo posible las medidas sociales del Ejecutivo".
En este sentido, los letrados también han avalado en el informe que los decretos que apruebe el Gobierno tras la disolución de la Cortes puedan tramitarse hasta el 20 de mayo.
Hasta ahora, el Gobierno ha remitido a la Cámara cuatro decretos-ley que están pendientes de convalidación: las medidas para preparar el Brexit, la regulación del mercado de la vivienda, los cambios en igualdad entre los que se incluye la ampliación del permiso de paternidad, y un paquete de medidas de protección social como la regulación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años.
